Diputado Sandro Sánchez insta a reformar Código Procesal Penal para fortalecer y garantizar justicia.
Santo Domingo. – El diputado Sandro Sánchez, representante de la circunscripción número 5 de la provincia Santo Domingo, destacó la relevancia de las discusiones que lleva a cabo la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados en torno a la reforma de la Ley 10-15, que modifica el Código Procesal Penal (Ley 76-02), con el objetivo de fortalecer las garantías procesales, el acceso a la justicia y la eficiencia del sistema judicial dominicano.
Sánchez explicó que este proceso de revisión legislativa se realiza a partir de una iniciativa del diputado Rafael Castillo, y señaló que el Tribunal Constitucional había emitido una sentencia que declaró no conforme a la Constitución el trámite legislativo de una versión anterior del Código Procesal Penal. En ese sentido, precisó que tanto el Senado de la República como la Cámara de Diputados trabajan actualmente en proyectos paralelos orientados a perfeccionar esta normativa fundamental para la administración de justicia.
“La Ley 76-02, que en su momento modernizó el sistema procesal penal, hoy demanda reformas importantes. Con la Ley 10-15 se avanzó en temas como los plazos, la legitimidad y regulación de las pruebas, así como el debido proceso. Ahora buscamos fortalecer esos aspectos para que el país cuente con un Código Procesal Penal moderno, que garantice no solo la justicia, sino también los derechos de imputados y víctimas”, expresó el legislador.
El diputado enfatizó que uno de los puntos que deben ser revisados es el procedimiento de restitución de bienes incautados, de manera que, cuando una persona sea puesta en libertad, el proceso para devolverle sus propiedades sea más ágil y justo.
“El debido proceso debe garantizar no solo la libertad del ciudadano, sino también la devolución de sus bienes cuando ha sido liberado. Las medidas cautelares, como la incautación de bienes, deben aplicarse para asegurar pruebas o evitar la distracción de activos, pero una vez el proceso termina, el Estado tiene el deber de restituir lo que corresponde”, explicó Sánchez.
Asimismo, el legislador resaltó la importancia de incorporar la tecnología como eje transversal en la administración de justicia, garantizando que los medios digitales contribuyan a la eficiencia y transparencia del sistema judicial.
“El uso de la tecnología en los procesos judiciales fue un gran avance posterior al COVID-19, pero ahora debemos consolidarlo como una herramienta que garantice la eficiencia, la transparencia y el debido proceso en cada etapa del sistema penal”, afirmó.
Finalmente, el diputado Sandro Sánchez reiteró el compromiso de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados con dotar al país de un Código Procesal Penal actualizado y equilibrado, que asegure tanto la efectividad de la persecución penal como la plena garantía de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos.
Por. José Antonio Gonzales
